El Gobierno quiere cambiar la legislación de parques nacionales a fin de fumigarlos con glifosato para combatir en ellos la proliferación de cultivos ilícitos. Así lo anunció hace una semana, y todos quedaron tan tranquilos. El ministro de Gobierno se atrevió a decir que “la mayor riqueza de la nación son sus reservas ecológicas y no se puede permitir que sean contaminadas con químicos por la producción de droga”.

Tenemos, entonces, que el Gobierno se propone envenenar los parques para protegerlos. Con la misma desfachatez habrían podido anunciar que, ante la epidemia escolar de piojos, y movido por su aprecio del cuero cabelludo de los estudiantes colombianos, procederá a decapitar a los apestados. No sabíamos del hondo cariño del ministro de la política por los parques: un cariño que lo impulsa a matar lo que más ama. Pero teníamos la idea, a fuerza de oírsela a voceros oficiales, de que estábamos ganando la batalla contra los cocales. Ahora resulta que no. Que, para vencer, será necesario modificar las leyes ecológicas de inspiración universal a fin de introducir en los parques sustancias químicas contaminantes.

Esta historia tiene tres patas, y los colombianos están en su derecho de conocerla completa. Deben saber, en primer lugar, que la fumigación no ha sido esa herramienta victoriosa contra los cultivos ilícitos que quieren vendernos. Segundo, que el sacrificio de nuestros parques se hará por presiones de la embajada de Estados Unidos y el sometimiento de nuestras autoridades. Y, tercero, que, aunque se han extendido los cultivos ilícitos en zonas naturales, es posible combatirlos sin acabar con los parques.

Vamos por partes y examinémoslas todas.

Éxito, pero poco. La guerra contra las drogas no avanza. Las más optimistas cifras hablan de un menor número de hectáreas cultivadas, pero la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, órgano de la ONU, ya señaló cómo “la reducción de la superficie total en Suramérica parece neutralizada por aumento del rendimiento agrícola”. Asesores colombianos han dicho que el modelo no sirve. Fumigar envenena, pero no derrota. Sin embargo, pretenden que insistamos en la fórmula equivocada y que la hagamos aún peor.

¡Qué dirá la Embajada!  Si algún día abriera sus actas el Consejo Nacional de Estupefacientes, organismo que dirige la lucha contra la droga en Colombia, veríamos hasta qué punto la embajada de Estados Unidos ha ejercido presión para conseguir algo que en su país le acarrearía un escándalo nacional: fumigar los parques con glifosato. Yo entiendo a la embajada: al fin y al cabo, los parques colombianos no son problema suyo, y quienes salen perdiendo con la fumigación no son los ciudadanos estadounidenses sino los de aquí. Lo grave es que ante esas presiones se han plegado casi todas las instituciones representadas en el Consejo: desde el ministerio de Gobierno hasta la Procuraduría. Solo los organismos ambientales se oponen a la fumigación, y por eso se les mira en el Consejo como una especie de parias. Si no empezaron aún los bombardeos de veneno sobre los parques, es debido a que la ley lo prohíbe. Pero el Gobierno, que tiene la costumbre de cambiar las leyes que le estorban, como ocurrió con la reelección, parece decidido a dar el paso nefando y consagrar en el estatuto orgánico de parques la posibilidad de que las propias autoridades esparzan sustancias químicas expresamente diseñadas para provocar alteraciones botánicas.

Otras maneras de matar piojos. El argumento de fumigar los parques para impedir que los químicos de los cocaleros los contaminen merece responderse con el eslógan que esgrimieron los jóvenes gringos en los años sesenta: “Luchar por la paz en Vietnam es como fornicar por la virginidad”. Sobre todo porque hay maneras más eficaces y delicadas de combatir los cultivos ilícitos, particularmente en territorios privilegiados por su condición natural. No se trata de permitir que los productores de droga hallen un enclave en los parques, porque sus sembrados son dañinos y porque la ley obliga a perseguirlos. Sino de luchar contra ellos de manera que no acabemos con la que el ministro Jorge Alberto Uribe llama, con una sonrisita, “la mayor riqueza de la nación”. En muchas zonas de Colombia el desarraigo manual de las plantaciones ilegales ha producido benéficos efectos, y en el Perú y Bolivia la primera opción no es fumigar, como entre nosotros, sino erradicar manualmente. Cuesta algo más de dinero, es menos sencillo que soltar una flotilla de aeronaves cargadas de glifosato y no beneficia a ciertas empresas químicas, pero resulta mejor que bañar los parques con un diluvio de veneno,

Estamos advertidos. Para dar gusto a Washington, el gobierno colombiano se propone impulsar una ley que permita la fumigación en los parques nacionales. Hay que impedirlo. Hay que decirle que estamos en la obligación de proteger un patrimonio perteneciente a las futuras generaciones de colombianos.